En abril de este 2025 se cumplen tres años de la aprobación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En ella se establecía un importante avance en el marco para la gestión de residuos en España, alineado con los principios de la economía circular y las directivas europeas. 

¿Qué ha pasado en este tiempo? Hablamos de algunos de los desafíos pendientes, en particular los relativos a los primeros pasos para cumplir con la jerarquía de residuos, con especial atención a la fracción orgánica, sin olvidarnos de apuntar a los incentivos fiscales y las tasas de residuos como elementos que pueden empujar en la buena dirección. En paralelo, destacamos algunos ejemplos de buenas prácticas inspiradoras.

La ley prioriza la prevención en la generación de residuos y obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a tener un plan específico de prevención, promueve, además, la reutilización y reparación de productos. Sin embargo, la implementación de estas medidas está siendo muy desigual. Aunque algunas comunidades autónomas y municipios han lanzado iniciativas interesantes para su desarrollo, aún no se alcanza una adopción generalizada y la prevención sigue siendo la asignatura pendiente. 

Un informe de la fundación CONAMA de 2022, basado en un sondeo realizado a 220 municipios, revela que solo el 19% de los encuestados tiene un plan de prevención, el 25% un plan de gestión integral y el 5% un plan municipal de economía circular. Mucho camino por hacer, podemos decir.

El pasado 30 de julio de 2024 entró en vigor la Directiva (UE) 2024/1799 que establece normas comunes para promover la reparación de bienes. Se trata, además de proteger al consumidor, de extender la vida útil de los productos fomentando la sostenibilidad y la economía circular. Los estados miembros tienen hasta el 31 de julio de 2026 para integrar completamente este nuevo marco europeo en sus respectivas legislaciones.

Mientras tanto, algunos territorios van dando pasos diseñando estrategias para reducir la generación de residuos. En Bizkaia, la Diputación ha puesto en marcha en este 2025 el proyecto piloto “Bizkaia Repara”, con una inversión de 50.000 euros, fomenta la reparación y reutilización de productos mediante bonos de 10 euros para reparaciones en comercios locales, hasta la fecha hay 96 comercios adheridos. Además, muchos establecimientos ofrecen talleres para enseñar a los ciudadanos a realizar pequeñas reparaciones, promoviendo la autonomía y el conocimiento en esta área. 

Ejemplo interesante, esta vez orientado a la prevención de residuos, es la “Biblioteca de las cosas”, un espacio de préstamo de objetos y organización de talleres y actividades, existente en Barcelona desde 2020 y que surge por iniciativa de entidades sociales y ciudadanas, personas voluntarias y la colaboración y apoyo de entidades públicas.

Otra iniciativa inspiradora es «Repair café Madrid», encuentro semanal para reparar pequeños objetos de uso cotidiano. Los vecinos y vecinas se reúnen en Medialab Matadero para aprender a reparar sus objetos averiados con ayuda de «manitas» y acompañados de un café. Surge en 2015 en el edificio Serrería Belga coordinado por el grupo de trabajo TimeLab y el proyecto de mediación-investigación Escala Digital, haciendo uso de los recursos y herramientas disponibles en el centro.

En su artículo 25 la Ley 7/2022, obliga a todas las entidades locales que no cuenten con recogida separada de biorresiduos, a ponerla en marcha antes del 31 de diciembre de 2023. Como estaba previsto, el plazo no se ha cumplido, pero, iniciado el segundo mes de 2025, la situación no mejora en la mayor parte de los municipios. 

Asignatura pendiente es la recogida selectiva, cuyas cifras, a nivel del estado, se pueden ver en el gráfico siguiente. El gran reto para que esto cambie de manera drástica está en los biorresiduos, curiosamente la fracción más sencilla de tratar y que al ser separada, permitiría mejorar la calidad del resto de fracciones. Su progreso es alarmantemente lento y desigual. Esto se debe, en gran medida, al desconocimiento general sobre las ventajas del compostaje y el valor del compost como producto final, así como a la falta de voluntad política para impulsar su implementación. 

Fuente: Estadística sobre recogida y tratamiento de residuos 2022. INE, 2022

Algunas entidades justifican su inacción alegando falta de tiempo, recursos humanos o económicos o infraestructuras adecuadas. Sin embargo, han tenido años para abordar estos desafíos. Desde 2008, con la Directiva Marco de Residuos (2008/98/CE), y más aún desde 2018 con el paquete de Economía Circular, la UE ha instado a España a mejorar su gestión de residuos, proponiendo medidas concretas como la aplicación de la jerarquía de residuos, la prevención, la recogida selectiva en origen, el canon al vertido o los incentivos fiscales. La realidad, sin embargo, es que España tiene abiertos, por parte de la UE, varios procedimientos de infracción por incumplimientos en gestión de residuos, el último en 2023.

Mientras algunos pierden el tiempo, utilizando excusas y creando “culpables” para explicar por qué no avanzan en la mejora de la gestión de residuos, otros llevan años trabajando y demostrando que la mejora es posible. Casos como los de Esporles (Mallorca) que se acerca al 80% de recogida selectiva en 2024, o el de Usúrbil (País Vasco) cuya tasa de recogida selectiva se situaba en el 86% en 2023, cuando la media en España en 2021, según los últimos datos del Ministerio de Transición ecológica está en el 22%.

Otro ejemplo interesante es el de la Mancomunidad de La Plana (Cataluña) cuyo Plan de actuación 2023-2027 desarrolla numerosas actuaciones en el ámbito de la gestión de los residuos incorporando campañas educativas, fomento de buenas prácticas y participación ciudadana. Por supuesto, cada lugar es diferente, por lo que siempre hay que ver lo que funciona en cada territorio, adaptando los modelos en función de sus características y las de sus habitantes. 

Aunque se van logrando avances significativos en la implementación de sistemas de recogida selectiva desde la aprobación de la Ley 7/2022, su adopción y eficacia varía entre comunidades autónomas. La ley reconoce como sistemas más eficientes, en primer lugar, el sistema puerta a puerta y, a continuación, el de contenedores inteligentes. Ambos permiten medir y pesar los residuos depositados, facilitando la implementación del pago por generación. Parece evidente la apuesta por estos sistemas, cuya eficiencia está probada y que en el corto y medio plazo van a suponer un beneficio, además de económico, ambiental y de salud, pero la realidad es muy distinta, se tiende a primar la cantidad y no la calidad de la recogida, cuando ambas son fundamentales. En consecuencia, vemos proliferar sistemas de recogida cuyos resultados distan de ser óptimos.

La ley contempla la creación de incentivos económicos para fomentar la prevención y el reciclaje de residuos. Se trata de ir caminando hacia una tasa más justa de modo que, quien actúa reduciendo la generación de residuos, separando para que se pueda reutilizar y reciclar, no pague lo mismo que quién no está dispuesto a arrimar el hombro para minimizar los costes ambientales, sociales y económicos que implica una mala o nula gestión. 

Además, en cumplimiento de la Ley 7/2022, las entidades locales deben disponer antes de abril de este 2025 de una tasa de residuos diferenciada, que cubra los costes de la gestión de residuos y no sea deficitaria. Algo razonable si queremos avanzar en materia de sostenibilidad y economía circular. Ahora bien, para que este cumplimiento no suponga una carga para el bolsillo de la ciudadanía, las entidades locales deben contar con una estrategia de gestión que, basada en la prevención y la separación en origen, adopte un sistema eficiente de recogida selectiva y desarrolle líneas de actuación válidas en materia de reutilización, reparación, compostaje y reciclaje. 

Son numerosos los municipios que han desarrollado las ordenanzas necesarias previas a la tasa, y otros muchos están en el proceso; pero también abundan los que consideran esta medida una imposición abusiva, por lo que la controversia está servida y la adopción de esta medida no está siendo uniforme en todo el estado. 

No obstante, elaborar las ordenanzas sin disponer de las medidas necesarias para su implementación puede interpretarse como una estrategia de greenwashing, donde se da una imagen de responsabilidad ambiental sin un respaldo real en acciones concretas, lo cual podría considerarse constitutivo de delito.

La tasa se irá reduciendo en consonancia con los costes de gestión. Cuanto menos se genere y más se recupere, menos llegará al vertedero y menor será el coste de gestión que vecinas, vecinos y comerciantes verán reflejado en su tasa de residuos.  

No podemos hablar de gestión de residuos y de economía circular, sin hablar de educación, participación y comunicación. Ello implica hablar de cuidado del entorno, consumo consciente, salud, transparencia en la información y mucho más. Se hace necesario, por tanto, abordar la educación y concienciación ambiental de una manera integral.

De hecho, tanto la Ley de Residuos, como la de Cambio Climático, la de Formación Profesional, o la de Educación reconocen la importancia de la información y educación ambiental para seguir avanzando en los objetivos ambientales. Este enfoque resulta, sin duda, muy positivo. 

La ley 7/2022 establece en su artículo 16.3, que «en el objeto de los contratos de recogida y tratamiento de residuos que celebren las entidades pertenecientes al sector público se incluirá la ejecución por el contratista de medidas de formación y sensibilización dirigidas a la población a la que se presta el servicio, en relación con: la prevención de residuos y su peligrosidad, la reutilización, la recogida separada, la preparación para la reutilización y el reciclado, y las consecuencias de la gestión indebida de los residuos y del abandono de basura dispersa”. A ello se destina un porcentaje de la licitación y se solventa con la realización de campaña. Ahora bien, parece razonable y necesario que se destine un presupuesto acorde a la importancia de esta labor y que la desarrollen profesionales con la formación adecuada, como los Educadores Ambientales, fomentando el empleo de una profesión que no está mereciendo la importancia que le corresponde. 

En cuanto a la información y la participación, la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, deja claro que las autoridades públicas deben garantizar estos derechos.

Para alcanzar estas metas marcadas en la Ley, además de atender las demandas de las entidades locales centradas en más recursos para mejorar la planificación, implantación y gestión, es imprescindible apostar por la formación y capacitación, necesarias para cubrir los nuevos nichos de empleo, otorgar más peso a la educación ambiental y la participación, y cumplir con la transparencia en la información y comunicación a la ciudadanía.

Marian Lorenzo

03 de febrero de 2025