Son numerosas las reformas llevadas a cabo, en los últimos años, en la legislación ambiental y en otras áreas que afectan mucho al medio ambiente y no precisamente para conseguir una mayor protección, conservación y/o mejora, sino para retroceder peligrosamente en una senda que había costado muchos años construir y comenzaba a consolidarse. Fueron muchos los años de esfuerzo humano, económico, de investigación y de sensibilización que fueron dando resultados e indicando el camino a seguir. Pero las recientes reformas en la Ley de Costas, en la de Evaluación Ambiental, de Responsabilidad Medioambiental, del Sector Eléctrico o, el actual Proyecto para modificar la Ley de Montes, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, provocan desánimo, hastío e indignación, mucha indignación.

En los años 50, 60 y 70 se produjeron en España una serie de acontecimientos (grandes infraestructuras y urbanismo sin control, tema nuclear…) que provocaron daños importantes en el entorno, provocando que la sociedad abriera los ojos y fuera tomando conciencia del importante daño que se le estaba ocasionando al medio ambiente y con ello, a toda la sociedad. Los primeros en verlo y actuar fueron los que se dedicaban al estudio del entorno y los profesionales que trabajaban en su conservación y protección. De su conocimiento y pasión por el entorno y de la sensibilización ambiental que transmitieron a muchos ciudadanos, surgió el movimiento ecologista en nuestro país, avivando de manera importante la conciencia ambiental de la sociedad. Los movimientos ecologistas surgidos entonces centraban sus principales objetivos en la conservación y regeneración de los recursos naturales, la preservación de la vida silvestre, la reducción de la contaminación y en alcanzar una mejora de la calidad de vida. Años después estas preocupaciones se han ampliado, incluyendo conceptos como la sostenibilidad, al agujero de la capa de ozona, el cambio climático, la lluvia ácida y la contaminación genética.

¿Cómo puede ser que hoy esté camino se esté desdibujando e incluso se retroceda?

Costó mucho proteger nuestras costas, tanto que el daño ocasionado en muchos de sus kilómetros es hoy irreversible, y ahora contemplamos como, rebajando las exigencias a la construcción en la línea de costa (por tocar un punto de la nueva Ley de Costas), vuelve a abrirse la mano a un urbanismo que busca sólo el beneficio económico a corto plazo sin tener en cuenta la sostenibilidad (equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental)

Hemos entendido que el modelo económico que nos ha sostenido durante mucho tiempo, es también el causante de nuestros mayores problemas: la crisis económica y el cambio climático y que, por tanto, es imprescindible un cambio de modelo; pero, en lugar de apoyar y extender el desarrollo de las energías renovables y de fomentar la eficiencia y el ahorro energético, se le ponen trabas y se sigue invirtiendo en la búsqueda de nuevos yacimientos petrolíferos (acabamos de asistir a las prospecciones de Repsol en Canarias)

Recientemente, el 9 de enero de 2015, ha sido aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de reforma de la Ley de Montes que ha de pasar el trámite parlamentario antes de su aprobación definitiva. Se contempla, mediante la tan manoseada cláusula del “interés general”, la posibilidad de urbanizar casi de inmediato en terrenos incendiados al incorporar esta reforma un nuevo supuesto que denomina “excepcional” de cambio de uso de terrenos incendiados para “evitar que incendios provocados puedan impedir actuaciones de interés general”. La ley aún vigente obliga a una demora de al menos 30 años, para evitar que un incendio provocado pueda disminuir drásticamente el valor natural de un terreno y así desembocar en un cambio de uso del suelo.

Se libera a los montes no catalogados, tanto públicos como privados, de la obligación de contar con un plan de gestión, como exige la vigente ley, cuando la gestión forestal sostenible en España es vital desde el punto de vista ambiental si tenemos en cuenta la importancia del patrimonio forestal.

La reforma apunta también a reducir el papel de los Agentes Forestales y Medioambientales, en las tareas de investigación de los delitos ecológicos. Dado que ellos son los que mejor conocen el monte y los primeros que pueden llegar a los puntos conflictivos, su eliminación de la investigación favorecerá la impunidad.

Ya que se modifica una Ley, ¿por qué no aprovechar para mejorarla en lugar de echar por tierra lo que tiene de bueno? Por ejemplo, son muy necesarias las medidas de impulso al desarrollo rural como puede ser la creación de empleo verde, pues esta reforma no contempla la inclusión de una sola. No puedo dejar de preguntarme ¿para qué se reforma? ¿Qué se me escapa? ¿Quizá beneficia a alguien?